En Ecuador, 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad. Preocupantemente, datos recolectados en Cuenca y Quito demuestran que 2 de cada 10 niños entre 6-8 años presentan altos niveles de colesterol malo. Tanto la obesidad como el colesterol dependen en gran medida de la alimentación.
Por muchos años, se ha puesto la responsabilidad de la alimentación infantil en las familias y en especial en las madres. En varias investigaciones cualitativas, se escuchan declaraciones cómo “Las mamás no madrugan a preparar la comida de sus hijos”.
Sin embargo, la alimentación infantil no depende solamente de las madres y sus familias. Hacen falta políticas que garanticen la accesibilidad y disponibilidad de alimentos saludables, así como la garantía de entornos que promuevan la salud de sus hijas e hijos. Entre las diferentes políticas, los impuestos a productos no saludables y las restricciones de oferta de productos ultraprocesados ricos en grasa, sal y azúcar en los entornos escolares han demostrado ser estrategias efectivas para disminuir la demanda de estos productos con efectos perjudiciales en la salud que van desde el sobrepeso y la obesidad, hasta enfermedades crónicas y mortales como la diabetes y el cáncer. La evidencia muestra además y de manera contundente qué los impuestos no impactan la empleabilidad del sector de la industria de alimentos.
En Ecuador, se han hecho algunos intentos por generar políticas. Existe una regulación en bares escolares que prohíbe el expendio de productos ultraprocesados con un semáforo rojo y promueve el consumo de productos naturales como frutas y verduras. Asimismo, la ley de alimentación escolar, promueve la distribución de productos naturales de la agricultura local en las escuelas y advierte de la necesidad de evitar los productos ultraprocesados. Por su parte, en la ley tributaria se han establecido impuestos a varios productos nocivos, entre ellos el tabaco, un carcinógeno comprobado y las bebidas azucaradas, que incrementan el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas en niñas, niños y adultos.
En este contexto, en contra de la contundente evidencia a nivel mundial y violando el derecho a la salud de niñas y niños, mediante decreto presidencial 645 en el Gobierno de Guillermo Lasso, se reduce los impuestos a varios productos, entre ellos el tabaco y a las bebidas azucaradas, además históricamente, y en contra de la ley de alimentación escolar, el Programa de Alimentación escolar viene ofertando alimentos ultraprocesados sin promover la oferta de productos de la agricultura local.
Varios voluntarios liderados por el Colectivo Todos por la Vida lograron que un juez deje sin efecto el decreto 645, restituyendo así los impuestos de productos nocivos. Sin embargo, a la fecha se han presentado varias apelaciones al fallo judicial, la mayoría provenientes de la industria de alimentos. Hace falta que la sociedad civil, la academia, las madres y los padres, nos unamos para defender el derecho a la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes. Si no tomamos partido, se seguirá centrando la responsabilidad de la salud en las madres y las familias, se seguirá permitiendo que las políticas prioricen el lucro sobre la salud sin reconocer la responsabilidad que tienen los gobiernos en garantizar entornos saludables para que niñas y niños crezcan saludables.
